DS(P) nº 89/5 del 25/2/2003

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, señores. Buenos días a todos, señoras y señores. Se abre la sesión. Y antes de comenzar la sesión propiamente dicha, se va a proceder a la entrega de unas medallas conmemorativas del XX Aniversario del Estatuto de Autonomía a los seis Procuradores actuales que lo han sido desde la I Legislatura. El señor Secretario procederá a dar lectura del acuerdo correspondiente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

: "Las Cortes de Castilla y León, atendiendo a la solemnidad del XX Aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta que seis de sus Procuradores lo son de forma ininterrumpida desde su constitución en el Monasterio de Santa Clara, de Tordesillas, y considerando la intensa labor realizada a lo largo de las cinco Legislaturas por quienes no han dejado de representar al pueblo de Castilla y León durante toda la historia más reciente de esta Comunidad Autónoma, han acordado entregar una medalla conmemorativa, que viene a significar la simbiosis de la Cámara con quienes tienen el honor y la responsabilidad de transmitir la voz de los castellanos y leoneses en la institución parlamentaria de mayor raigambre histórico.

Estos Procuradores son los siguientes:

Don Manuel Estella Hoyos, Procurador por Salamanca, del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

Don Laurentino Fernández Merino, Procurador por Palencia, del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).

Don Octavio Granado Martínez, Procurador por Burgos, del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).

Don Jesús Málaga Guerrero, Procurador por Salamanca, del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).

Don Jesús Quijano González, Procurador por Valladolid, del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos).

Don José Luis Sainz García, Procurador por Valladolid, del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el Excelentísimo señor don Dionisio Llamazares Fernández, que presidió las Cortes de Castilla y León durante la I Legislatura.

EL SEÑOR EX PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR LLAMAZARES FERNÁNDEZ):

Excelentísimo señor Presidente, Excelentísimo señor Presidente de la Comunidad, señoras y señores Procuradores, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En aras de la justicia, debo comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a estas Cortes, en la persona de su Presidente, por permitirme el honroso privilegio de poder retomar la palabra, después de tantos años, en un marco al que, en su primera visita a las Cortes en Fuensaldaña, su Majestad el Rey denominó "templo de la democracia y de los derechos humanos".

Hace veinte años que Castilla y León se desperezó de una somnolencia casi secular, quebrando en mil pedazos la deprimente y atormentada imagen que le devolvía el espejo de la Generación del 98. Ni siquiera fue suya la iniciativa, se dejó arrastrar por el generalizado afán descentralizador; pero en esa carrera se encontró a sí misma. No porque descubriera de repente su alma mística, sino por una doble convicción racional: la de que la mejor manera de servir a España era sumarse sin titubeos a ese proceso y la de que la descentralización proyectada entrañaba el hallazgo de un sistema de autogobierno que permitiría incrementar la calidad de vida y la alegría de vivir de sus propios ciudadanos.

La apuesta era arriesgada, tanto como una carrera en campo de minas; no parecía que los vientos soplasen a favor. Lo menos que se puede decir es que esos propósitos no disfrutaban del fervor popular, al menos entre nosotros, los castellanos y los leoneses.

El proceso se iniciaba entre la indiferencia y el desdén o la reticencia de los más, el entusiasmo de una buena parte de los políticos, la fascinación de los menos y la descarada hostilidad de no pocos.

Quienes nos embarcamos en la tarea de empujar adelante el intento solo teníamos claro el objetivo final: conseguir acercar el poder a los ciudadanos para hacer posible su participación real y efectiva, tanto en la toma de las decisiones que les iban a afectar como, en todo caso, en el control del ejercicio del poder político, gracias a su cercanía.

Pero desconocíamos todo lo demás. Ignorábamos las posibles fórmulas, el grado de viabilidad de esas fórmulas, y, desde luego, la duración del proceso. Tampoco teníamos claro si la brecha que abríamos se transformaría en una historia interminable. Desde luego, no barruntábamos cuál sería su punto final. La ambigüedad, calculada y directamente querida, de nuestra Constitución no aportaba demasiadas pistas. Cada nuevo paso era un ensayo; éramos conscientes de que caminábamos con el riesgo de la equivocación pisándonos los talones. Pero esa es la función del político; el riesgo de equivocación es consustancial a la búsqueda de nuevas soluciones para los nuevos problemas. Al político se le pueden perdonar los errores; la parálisis por temor al riesgo es lo único imperdonable.

En el caso de Castilla y León estaban presentes inconvenientes añadidos, que dificultaban aún más su puesta en marcha. Como tales hay que contar las legítimas tendencias centrífugas de algunas provincias o el no menos legítimo afán de protagonismo de otras. Ese era el clima en el que teníamos que modular nuestras instituciones de autogobierno. Limitaré mis recuerdos a una de esas instituciones: estas Cortes. Otra cosa, a la par que osadía imperdonable, entrañaría la torpeza añadida de meter mi hoz en mies ajena.

Acometimos tamaña tarea no demasiado bien pertrechados. Por no tener, no teníamos ni arraigados hábitos democráticos (veníamos de una dictadura) ni experiencia parlamentaria alguna, solo entusiasmo y una clara idea de cuáles eran nuestros objetivos finales.

Nuestro Estatuto de Autonomía no resolvía las ambigüedades de la Constitución. Sobre la base de su interpretación literal, llegó a ser tesis casi oficial la de que las Cortes solo funcionaran durante cuatro meses, como si el resto del año el Gobierno fuera a estar de vacaciones. No debe sorprender que no faltaran defensores de que, al igual que las medievales, las nuevas Cortes fueran itinerantes. A ese papel marginal se pretendía relegar a la soberanía popular.

Inicialmente los Procuradores -al menos así lo recuerdo yo ahora- nos veíamos casi más como enemigos que como adversarios políticos. La desconfianza y la sospecha eran nuestra sombra; no eran las actitudes más propicias para la discusión con maneras democráticas, y mucho menos para la colaboración.

El recuerdo difumina unas imágenes y resalta el escorzo de otras como verdaderas caricaturas. Cuando las contemplo, a la distancia de estos veinte años, solo consigo ver los éxitos. Los fracasos, sé que los hubo, pero tengo que hacer un esfuerzo para evocarlos. En todo caso, creo que la historia..., o de la historia, puede decirse lo mismo que dice García Márquez de la vida: "La verdadera historia es la que se recuerda". Solo en ese horizonte amable de los recuerdos puedo entender cómo fuimos capaces de superar todas aquellas dificultades.

Todos -y subrayo "todos"- éramos conscientes de ellas y de los peligros que entrañaban. Una vez más la necesidad hizo virtud. Todos intuíamos, sin acuerdo explícito alguno, que si queríamos sortearlos no teníamos más que un camino: extremar las más elementales normas de convivencia parlamentaria, la exquisita observancia de la llamada "cortesía parlamentaria", el más escrupuloso respeto de la neutralidad y de la imparcialidad por parte de la Mesa de las Cortes, y el diálogo sin reticencias y sin suspicacias, cada vez más fluido, entre los Portavoces Parlamentarios. No fue cosa de un día, pero creo que esa clara conciencia nos salvó del fracaso.

Fruto de ese modo de hacer fue que las decisiones más importantes sobre constitución, organización y funcionamiento de estas Cortes se adoptaran por consenso. Así las cosas, puede decirse que la Legislatura del ochenta y tres al ochenta y siete fue fundamentalmente una legislatura constituyente.

En ese contexto hay que inscribir también las leyes aprobadas durante esos cuatro años. Las instituciones de autogobierno quedaban legalmente perfiladas y dispuestas para la brega cotidiana.

Quien desde hace unos años no es más que un mero observador externo, aunque apasionado -no se puede no serlo ante algo que se ha vivido tan intensamente- poco más puede decir. Solo puede hablar, con sentido y seguro del terreno que pisa, de los meros recuerdos.

Quizá lo más juicioso sería terminar aquí. Sabedor de ello, espero que se me perdone si añado algo sobre la relación entre los propósitos iniciales y los logros presentes.

Castilla y León ha consolidado sus instituciones de autogobierno, se ha hecho cargo de más competencias de las que nos atrevíamos a soñar en aquellos comienzos, y la cercanía del ejercicio del poder y su posible control han mejorado su eficacia, contribuyendo visiblemente a incrementar la vida... la calidad de vida de sus ciudadanos. Se han mejorado los servicios prestados, en unos casos; y se está haciendo posible el reconocimiento de auténticos nuevos derechos subjetivos, en otros.

Lentamente, pero con paso firme, vamos abriendo camino hacia la igualdad en la libertad -en expresión de Rawls y de Bobbio-, algo que constituye el núcleo duro de nuestro patrimonio común de valores compartidos, que es "nuestra verdadera patria constitucional y estatutaria" -al decir de Habermas- y no una especie de concepto cuasi místico de un pretendido o supuesto espíritu del pueblo.

Quienes iniciamos esta historia no estábamos seguros de su punto final, pero no deseábamos que fuera interminable. A veinte años de distancia, tengo para mí que ya está llegando la hora de ese punto final, pero no sin antes completar el proyecto.

Está pendiente, o incompleta, una segunda descentralización, en la que ya entonces pensábamos. Se ha descentralizado el Estado. Ahora, de seguir con el propósito inicial, habría que ir a una descentralización de las Autonomías, o, en su caso, a la profundización de la que ya está en marcha. Es la única forma de cumplir con el objetivo final de convertir a la democracia representativa en una democracia real y efectivamente participativa.

La globalización está ahí, imparable, como fueron la Ilustración o la primera revolución industrial. Oponerse a ella sin más es desatino. Lo que sí podemos y debemos hacer es orientarla, de modo que sorteemos los perjuicios con los que nos amenazan.

La despersonalización a la que inexorablemente empujan la aldea global, el pensamiento único y la clonación de identidades, tanto singulares como colectivas, solo tiene una respuesta contundente: el reforzamiento de la libertad más radical de la persona singular y la autonomía de los núcleos de convivencia menores. La democracia necesita de un reforzamiento de abajo a arriba: la fuente de la savia del árbol está en la raíz, no en la copa.

En la historia de Occidente, los dos poderes tradicionalmente enfrentados por la hegemonía en un universo unificado eran el poder político y el poder religioso. El escenario ha cambiado: el rival del poder político es ahora el poder económico, que actúa con mucha mayor sutilidad; rehuye el enfrentamiento, pero condiciona las decisiones del poder político. De ahí el escaso margen de maniobra que le queda a este, sea del signo que sea.

En ese marco hay que contextualizar las órdenes sordas lanzadas por esos poderes, sin rostro y sin nombre, que sofocan en forma inmisericorde y persistente la libertad individual, la autonomía de los grupos y el rico venero de sus mismas señas de identidad.

Probablemente la iniciativa política, llevada a sus últimas consecuencias, sea ya el único cobijo que nos quede para guarecernos eficazmente de los efectos más perniciosos, por despersonalizadores, de la globalización.

No estoy seguro de no haber ido más allá de lo que la más elemental prudencia aconseja. En cualquier caso, tomen esto como meras reflexiones de un estudioso, hoy atento espectador, que una vez tuvo el privilegio de vivir intensamente el proceso autonómico de Castilla y León, más que como reflexiones de un político.

De lo que estoy seguro, si me permiten la cita de Michel Ende, es de que la historia descrita por Castilla y León a lo largo de estos veinte años ha alcanzado ya la categoría de historia que merece ser contada; y esa historia se transformará en aventura al ser narrada, como diría Sartre.

Antes de terminar, permítanme que rinda homenaje a todos aquellos que con su participación entusiasta y generosa hicieron posible el milagro de la transformación de lo extraordinario en cotidiano, especialmente a quienes formaron parte de la Mesa de las Cortes en aquella I Legislatura -desgraciadamente, algunos ya no están entre nosotros-: Gregorio Pérez de Lera, Fernando Redondo Verdugo, Isaías Herrero Sanz y Atilano Soto Rábanos; a los Portavoces: Jesús Quijano González, Vicente Bosque Hita y Daniel de Fernando; a los funcionarios, siempre a disposición de todos los Procuradores y de su trabajo; finalmente, por el respeto mostrado a las decisiones de Mesa y Junta de Portavoces, en ocasiones seguramente incómodas, o muy incómodas, incluso a los Gobiernos presididos por Demetrio Madrid y José Nalda, también protagonistas de primera hora en esta aventura. Muchas gracias. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Excelentísimo señor don Carlos Sánchez Reyes, Presidente que fue de la II Legislatura en estas Cortes de Castilla y León.

EL SEÑOR EX PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR SÁNCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Presidente, señor Presidente de la Comunidad, Señorías, Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades e invitados que nos acompañáis en este acto.

Mis primeras palabras, como aquellas que pronuncié el dos de junio de mil novecientos ochenta y siete, cuando los Procuradores de estas Cortes me confirieron el gran honor de presidir su II Legislatura, tienen que ser forzosamente de agradecimiento. Agradecimiento sincero hacia quienes -Presidente, Mesa de las Cortes, Junta de Portavoces-, al organizar esta sesión extraordinaria para conmemorar el XX Aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, habéis tenido la deferencia de invitarme a esta tribuna y permitirme, al cabo de doce años, volver a hacer en voz alta, como en mis discursos institucionales, una reflexión sobre nuestra Comunidad ante los representantes de todos los castellanos y leoneses, en una sesión del Parlamento más antiguo de Europa.

No voy a insistir en el difícil andar inicial de nuestra Comunidad, al que ha hecho debida referencia Dionisio Llamazares. Quiero, no obstante, hoy, al igual que el día que tomé el relevo, rendir de nuevo el debido homenaje a aquellos Procuradores que en la I Legislatura recorrieron la parte más difícil del camino, el comienzo, cuando el horizonte aún no se nos dibujaba nítido y el desconocimiento, el recelo y la incomprensión eran compañeros frecuentes de viaje. Y esa etapa inicial de construcción de nuestra Comunidad podría, de hecho, considerarse cerrada al comienzo de la Legislatura que tuve el honor de presidir.

La Ley de Sedes, aprobada en el Pleno celebrado el catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, por la que finalmente, al cabo de cuatro años y medio, se daba cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3 de nuestro Estatuto de Autonomía, constituye la norma de cierre de nuestra difícil etapa de despegue.

Se iniciaba así una nueva etapa, de consolidación de la Comunidad y de sus instituciones, en la que ya era posible afirmar que nadie debía plantearse poner en entredicho lo que ya es una realidad rotunda: Castilla y León, en su actual configuración como Comunidad, con sus propias instituciones de autogobierno, constituye el marco incontestable dentro del cual, con profundo respeto a su diversidad, todos hemos de sentirnos cómodos.

Aún quedaba, claro está, al igual que a las restantes Comunidades Autónomas que accedieron al autogobierno en virtud de lo dispuesto en el Artículo 143 de la Constitución, ampliar el limitado marco competencial inicial de nuestro Estatuto, si -como pensábamos algunos- las dos vías de acceso a la Autonomía no venían a consagrar en modo alguno distintas categorías de Comunidades Autónomas, sino que el derecho a la autonomía era igual para todas, y las dos vías establecidas no respondían sino a la precedente experiencia y a la distinta urgencia con que el ejercicio de ese derecho se hacía sentir en los distintos pueblos de España.

A este respecto, tal día como hoy de mil novecientos ochenta y ocho, en el Colegio Fonseca de Salamanca, recordé que se había cumplido el límite temporal de cinco años establecido en el Artículo 148.2 de la Constitución para poder proceder a la reforma estatutaria que condujera a una ampliación de competencias, y señalé que había llegado la ocasión de responder a la pregunta de si las distintas cotas de autogobierno que distinguen a unas Comunidades de otras -es decir, el mal llamado "federalismo asimétrico"- es una característica permanente del Estado de las Autonomías o, por el contrario, una circunstancia coyuntural de su primer periodo de funcionamiento.

Aunque el sentido de mis palabras no fue entonces por todos comprendido, la respuesta no tardó en producirse. Felizmente, en mil novecientos noventa y dos se dio, a nivel nacional, ese imprescindible compromiso entre fuerzas políticas -sobre el que tampoco dejé de llamar la atención- con el que se abrió el camino de la reforma estatutaria para la ampliación competencial, que correspondió recorrer ya a otras Legislaturas de estas Cortes y que ha culminado, a falta de pequeños detalles, con las importantes competencias más recientemente transferidas.

Quienes siempre fuimos profundamente autonomistas, y cuya impaciencia pudo a algunos parecer inoportuna, nos sentimos enormemente complacidos con este desarrollo. Como así tenía que ser, muy poco separa ya, desde el punto de vista competencial, a unas Comunidades de otras.

Pero, llegados a este punto, cuando ya podemos proclamar que somos plenamente protagonistas y dueños de nuestro destino, deberíamos preguntarnos si con la ansiada autonomía hemos sido capaces, o nos disponemos a ser capaces, de afrontar los grandes retos de nuestra Región:

Un desarrollo económico que vertebre nuestro ancho territorio; que suponga una transformación de nuestra estructura productiva, de forma que esta no tenga que bascular sobre una agricultura subvencionada; y que ponga fin a esa enorme sangría que supone que nuestros jóvenes, los más preparados, tengan que abandonar esta tierra porque no encuentran en ella su lugar de trabajo. Desarrollo económico -como decía en Soria en mil novecientos noventa y uno- que permita a todos los hijos de esta tierra vivir con dignidad en ella, no solo para que nadie más tenga que verse forzado a abandonarla, sino para que también puedan volver los que se marchan.

Debemos lograr también unos niveles de bienestar para todos que sean envidiables. De nosotros depende ahora que la sanidad o la educación públicas sean mejores. Ya no será Madrid la culpable de las listas de espera, de la falta de una uvi de neonatos -como lamentaba un veterano Procurador- o de la calidad de nuestras escuelas.

Las nuevas infraestructuras no deben conducir a transformar algunas de nuestras ciudades en dormitorios, sino en lugares atrayentes en los que trabajar y vivir mejor.

Precisamos una Administración más próxima y eficaz. Pero ¿lo estamos logrando o estamos construyendo un simple remedo de la Administración periférica del Estado centralista? ¿Es posible otro modelo? El autogobierno nos enfrenta también con este tipo de responsabilidades. ¿Conduce a la integración la de... presunta descentralización que supone la dispersión de instituciones autonómicas? ¿No serán precisas otras fórmulas para acercar y hacer sentir como propia la Administración de la Comunidad, y una descentralización real, como potenciar a nuestros municipios o volver al olvidado camino de la comarcalización?

Debemos tener la voluntad clara de evitar que nuestra Región sea un enorme parque natural e histórico-artístico para disfrute de visitantes, con una población autóctona envejecida y en permanente recesión. Castilla y León tiene que ser un lugar para vivir. El autogobierno tiene que servir para ello.

No querría terminar mis palabras sin referirme a algo que ha sido objetivo siempre de mi preocupación, según atestiguan mis discursos antes las Cortes de aquella II Legislatura: el sentimiento regional.

Partíamos de niveles muy bajos; lo provincial había dejado aquí huella más profunda que en otras regiones. No era fácil recuperar ni la propia identidad ni la estima por ella, después de siglos de abandono. Pero se hizo un esfuerzo, un esfuerzo importante, dando a conocer nuestras instituciones recuperadas, insistiendo en la necesidad de que, sin perder un ápice de nuestra condición de españoles, era preciso que nos sintiéramos también leoneses y castellanos; leoneses de Zamora o castellanos de Soria; miembros de una única Comunidad, de un todo, y no de nueve territorios separados, si no rivales.

Y ello si queríamos llegar a jugar el papel que, por múltiples razones -entre la que no está de más subrayar nuestro carácter histórico-, nos corresponde en la España de las Autonomías y en la futura España de los Estados y de las Regiones. Es, además, lo que nos pide la España de hoy para su definitiva vertebración, como un Reino con una estructura cuasi federal, pero en ningún caso asimétrica.

Castilla y León, con su lengua propia -aunque comparta... la comparta con otras regiones y países-, con su cultura, con su historia e instituciones centenarias, con un territorio extenso y rico patrimonio, pero, sobre todo, con un pueblo que debe sentirse orgulloso de su identidad, tiene que ser un elemento fundamental de la España plural de nuestros días.

Queden como palabras finales el llamamiento de un antiguo Presidente de estas Cortes a que todos sigamos haciendo Comunidad, y que este XX Aniversario de nuestro Estatuto represente renovar nuestro compromiso para que, desde las cotas de autogobierno alcanzadas, sigamos trabajando para situar a Castilla y León y a sus ciudadanos en el lugar que nos corresponde. Muchas gracias. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Excelentísimo señor Presidente de Castilla y León, miembros de su Gobierno, dignísimas autoridades, Señorías Ilustrísimas, señoras y señores.

Este Monasterio de Nuestra Señora de Prado, que tantos acontecimientos regionales ha albergado, es hoy escenario de lujo para la conmemoración de una efeméride que, con toda seguridad, va a quedar grabada en los anales de la historia regional.

Se cumple hoy el XX Aniversario de la aprobación, un veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, de nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, norma básica para el desarrollo y funcionamiento de las instituciones autonómicas dentro del lógico orden constitucional por el que se rige el Reino de España.

Comenzaba así una andadura llena de ilusiones y esperanzas, no exenta de compromisos y responsabilidades. Quienes vivimos aquellas fechas y guardamos memoria histórica sabemos que el Pacto Legislativo no fue fácil. Las legítimas posiciones y exigencias reivindicativas de unas y otras fuerzas políticas -sobre todo en orden al ámbito territorial de la propia Comunidad- supusieron dificultades añadidas al proceso; pero al final se llegó a un consenso. Y hoy, veinte años más tarde, podemos sentirnos en gran medida satisfechos por lo conseguido, por la madurez política alcanzada, la convivencia democrática y pacífica de nuestros pueblos, la consolidación de la Autonomía, los logros económicos y sociales y, en definitiva, por el progreso y desarrollo de nuestra Comunidad tras estos años de autogobierno.

Cierto que Castilla y León fue la última Comunidad en acceder al régimen autonómico, pero al cabo de cuatro lustros ha experimentado un cambio tal que hoy es un ente político equiparado en sus competencias al resto de las regiones españolas.

Para llegar a esta situación ha sido necesario desarrollar un largo camino, desde mil novecientos ochenta y tres, que ha tenido como hitos trascendentales las dos reformas de ese Estatuto de Autonomía, aprobadas a instancia de estas Cortes en mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y nueve.

Conviene mantener viva la historia reciente de Castilla y León desde que el pueblo español -y, consecuentemente, el pueblo castellano y leonés- iniciase el tránsito de un régimen autoritario y centralista a otro plenamente democrático y, posiblemente, el más descentralizado de Europa.

En esa reivindicación historicista del hecho castellano y leonés no es preciso remontarse a las épocas medievales o al nacimiento, en mil ciento ochenta y ocho, de unas incipientes Cortes de las que legítimamente nos sentimos hoy legatarios.

Es durante el siglo XIX cuando surgen en muchos territorios españoles las corrientes sociales que habrían de desembocar en la actual configuración del Reino de España.

Castilla y León, de una o de otra forma, se suma a esas corrientes y trata de sacudirse el sambenito de centralista para, con el regeneracionismo y el agrarismo del tránsito entre las centurias XIX y XX, poner los pilares de la actual realidad regional.

Baste recordar el año mil novecientos dieciocho, cuando los Presidentes de las Diputaciones Provinciales de Castilla y León se reunieron en Burgos para redactar el llamado "Mensaje de Castilla", posiblemente el embrión del actual regionalismo autonomista. Aquel Mensaje, enviado al Gobierno, estipulaba la necesidad de una amplia descentralización económico-administrativa que permita el desenvolvimiento libre de los municipios y provincias, y de las provincias solas o mancomunadas, asignándoles al efecto fines y medios propios dentro de su esfera de acción.

Aquello no prosperó, pero ahí quedaron las ideas para elaborar, también en Burgos y durante la II República, un proyecto de Estatuto de Autonomía que los acontecimientos históricos nacionales de la época truncaron de raíz, pero muchas de cuyas ideas, bien que adaptadas a este siglo XXI, de la Europa unida, son lo suficientemente útiles y elocuentes como para saber que nuestro Estatuto no es fruto de la improvisación, sino del arraigo histórico de un afán superador, que siempre ha estado presente en la vida castellano y leonesa.

La Castilla y León de los setenta no era ajena a los movimientos sociales y políticos manifestados en otras regiones españolas. Bien que con tintes característicos, la nuestra fue una Región que se incorporó desde el primer momento a la transición pacífica y ejemplar que pilotó Su Majestad el Rey don Juan Carlos.

La puesta en marcha de la Alianza y del Instituto Regional constituyó la canalización, desde organizaciones sociales y culturales -que no políticas-, del germen del régimen autonómico que hoy disfrutamos. Y sus primeras manifestaciones públicas se realizaron desde el símbolo histórico de Villalar de los Comuneros, donde un millar de personas fue disuelto en mil novecientos setenta y seis por las fuerzas de orden público.

Llegaría la legalización de estas concentraciones y las elecciones generales, que propiciaron una Constitución cuyo Título VIII contiene, precisamente, el punto de partida para que hoy podamos celebrar esta fiesta institucional y conmemorativa.

La Preautonomía surgida entre mil novecientos setenta y siete y setenta y ocho en casi todos los territorios españoles y la propia Constitución de esa fecha dejaron el camino expedito para que las Cortes Generales aprobasen un Estatuto de Autonomía cuyas vicisitudes no fueron sino la expresión social y política de una forma muy concreta de entender Castilla y León en los históricos reinos.

Como ponen de manifiesto la mayoría de los historiadores, fueron muchas las regiones -entre ellas la nuestra- que, aun ansiando la descentralización administrativa, vieron en el Título VIII de la Carta Magna una suerte de peligrosa agresión contra la unidad nacional. Al cabo de los años se ha visto que no hay tal y que, pese a ciertos intentos de legisladores, perfectamente localizados y dudosamente refrendados por el pueblo soberano, el sistema autonómico se ha mostrado eficaz para resolver los problemas inmediatos de la ciudadanía y para caminar por la senda del progreso, la modernización y el desarrollo.

Los diversos y preocupantes avatares políticos de los primeros años constitucionales y, consecuentemente, del régimen autonómico, dieron paso a los primeros estatutos de autonomía y al Informe Enterría, verdadero eslabón entre el espíritu de los constitucionalistas y la realidad autonómica actual.

Siguiendo el modelo esbozado por el ilustre administrativista, los Grupos Políticos mayoritarios del arco parlamentario recuperaron, en mil novecientos ochenta y uno, el consenso constitucional mediante el Pacto Autonómico, que habría de concluir con una LOAPA capaz de armonizar un proceso complicado y no exento de suspicacias y dificultades.

La dimensión geográfica de Castilla y León, los propios problemas inherentes a la vida pública nacional y ciertos intereses localistas fueron dificultando el proceso castellano-leonés, que, sin embargo, y pese a ser la última Región, vio colmados sus anhelos al sancionar Su Majestad el Rey nuestro Estatuto de Autonomía el ya recordado veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, una vez que fuese aprobado por el Congreso y por el Senado, y poco antes de que viese la luz la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, a la que complementaría en su espíritu el Fondo de Compensación Interterritorial, verdadera plasmación legal para hacer efectivo el principio de solidaridad entre las regiones.

Un año antes de que Castilla y León cumpliese su primer decenio de vida autonómica, los dos partidos mayoritarios alcanzaron también importantísimos acuerdos autonómicos, en el mes de febrero de mil novecientos noventa y dos, por los que se sentaban las bases que habrían de evitar cualquier discriminación competencial entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Con la primera reforma del Estatuto, en mil novecientos noventa y tres, se dio luz verde al cumplimiento de lo establecido en el Artículo 148 de la Constitución, a la vez que las instituciones autonómicas iban alcanzando su madurez política y su incardinación con el pueblo de Castilla y León, cada vez más convencido de la idoneidad del régimen.

Vino después la última reforma, la de mil novecientos noventa y nueve, que nos permite alcanzar el techo competencial y celebrar hoy el Aniversario en la plenitud de un sistema político que, además de tener... de atender a la solución de problemas seculares, nos está permitiendo un desarrollo económico, social y político insospechado décadas atrás.

El Pacto Autonómico de mil novecientos noventa y dos está plenamente culminado y la Castilla y León de hoy poco tiene que ver con aquella balbuciente Comunidad Autónoma que veinte años atrás trataba de abrirse paso en el concierto autonómico, sin otro bagaje que sus dimensiones territoriales, coherencia histórica y la generosidad de un pueblo capaz de las más arduas gestas.

Es tiempo, por tanto, de profundizar en la corresponsabilidad y en la cooperación entre las diferentes regiones, con las miras puestas en una meta que trascienda de los límites territoriales españoles. La Unión Europea no debe ser un freno; es, por el contrario, un marco en el que desarrollar nuestro régimen autonómico y en el que profundizar sobre el papel que Castilla y León debe jugar.

Cierto es que Castilla y León no ha podido evitar problemas importantes y que sigue demandando mejoras en las condiciones de vida y en las dotaciones infraestructurales, pero no lo es menos el cambio espectacular producido a lo largo de estos cuatro lustros.

Como no podía ser de otra forma, las transformaciones son perfectamente evaluables en todos los ámbitos de la vida política, social, cultural y económica de la Comunidad. Una transformación, en suma, que está haciendo de Castilla y León una Región atractiva para inversores y visitantes, y, sobre todo, una Castilla y León que comienza a colmar los deseos sociales de sus ciudadanos, cada día más convencidos de la bondad del régimen autonómico, cuyo nacimiento hoy conmemoramos.

Si la I Legislatura -como se nos ha recordado- fue la constituyente y que dio origen a la Institución, la segunda, de consolidación, en esta tercera... en la tercera sí hubo un período claramente de desarrollo estatutario, para dar lugar luego, en la IV Legislatura, a la que podríamos denominar "de vertebración definitiva". En ella, las propias Cortes acometieron la segunda reforma del Estatuto a que me he referido, después de haber aprobado la Ley por la que se creaba la figura del Procurador del Común y aquella que regulaba la Cuestión de Confianza, y a la que podía someterse el Presidente de la Junta, con la facultad, por parte de este, de disolver anticipadamente las Cortes y mejor... y mejorar el equilibrio parlamentario entre ambos poderes.

Finalizamos ahora la V Legislatura, que muy bien puede definirse como la de "pleno autogobierno". Tras aquella reforma, y habiéndose equiparado el marco competencial al del resto de Comunidades españolas, hemos alcanzado el techo fijado por la Constitución -norma suprema que regula las instituciones del Estado- y se han creado, además, dos nuevos órganos de gobierno: el Consejo de Cuentas, recientemente constituido, y el Consejo Consultivo, que de forma inmediata va a iniciar sus actividades en el ámbito territorial de Castilla y León.

Coincide el Aniversario con las postrimerías de la V Legislatura, período de enorme calado y pródigo en acontecimientos políticos protagonizados por las Cortes de Castilla y León -como se ha recordado también-, la más antigua Cámara de representación popular europea y órgano depositario de una voluntad popular regional expresada cada cuatro años en elecciones libres y democráticas.

Precisamente, dentro de pocos días se iniciará un nuevo proceso electoral, para el que, como en ocasiones precedentes, me permito hacer un llamamiento para que la campaña transcurra con los criterios de tolerancia y respeto que han inspirado siempre el quehacer en esta Comunidad Autónoma.

A lo largo de estas dos décadas, Castilla y León también ha vivido momentos luctuosos que no quisiera dejar de recordar, máxime cuando cada atentado de la sinrazón terrorista congrega a la puerta del Castillo de Fuensaldaña a los Procuradores Regionales y al personal de la Cámara.

Las Cortes de Castilla y León, tanto cuando la barbarie del terror afectaba directamente a nuestros ciudadanos como cuando fijaba su estrategia de dolor en otros territorios, han reaccionado de forma contundente rechazando, unánimemente, toda acción antinatura y toda actividad al margen de los cauces democráticos y constitucionales.

Al cumplirse hoy el XX Aniversario de nuestro Estatuto, y después de esa ingente labor que ha fructificado en un nuevo corpus legal comunitario, de más de doscientas veinte leyes aprobadas, las Cortes de Castilla y León vuelven a salir de los angostos muros del Castillo de Fuensaldaña para recalar hoy en este Monasterio de Nuestra Señora de Prado, que encierra entre sus claustros de inspiración herreriana y su iglesia de ornatos barrocos algunas de las páginas más brillantes de la historia regional, y que se ubica, precisamente, frente a los terrenos que en fecha próxima darán cobijo a un nuevo edificio, capaz de responder a las demandas que plantea un Parlamento moderno llamado a legislar el futuro regional y a controlar con eficacia y rigor la labor gubernamental, para lo que será preciso, igualmente, contar con un nuevo Reglamento de la Cámara. Y todo ello con los ojos puestos, como está, en el bienestar general y en el beneficio de una ciudadanía de la que emerge y a la que sirve.

Nos corresponde hoy a nosotros, hombres y mujeres que en las Cortes representamos de forma libre y democrática al pueblo de Castilla y León, mostrarnos como idóneos para el cargo y, desde luego, contribuir a que la sociedad de la Comunidad Autónoma, en solidaridad constitucional con el resto de las regiones y pueblos de España, sea cada día más próspera, más justa y más avanzada, dando así continuidad a la labor de quienes nos precedieron en las históricas Cortes, de las que tan orgullosos nos sentimos.

La propia Constitución, garante último y fundamental de los principios rectores que rigen la vida pública, establece que el principio de autonomía no puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente en este donde radica el verdadero sentido de las Comunidades Autónomas.

Las dos décadas de andadura autonómica nos permiten en Castilla y León comprender que la redención provincial reclamada por Ortega -hoy deberíamos hablar de "redención regional"- se ve plenamente colmada con un sistema político que, verdadera y definitivamente, está ordenando el territorio nacional.

Entendemos en estas tierras -hoy vertebradas, después de haber sido vertebradoras- que es puro artificio cualquier intento de dar nuevos pasos en ese sentido, más allá de lo posible y de lo razonable, máxime cuando nos encontramos inmersos en un proceso de Unión Europea igualmente imparable.

Es claro que el régimen autonómico constitucional, aun con un techo competencial igualitario tras el tiempo transcurrido, permite una pluralidad de situaciones jurídicas que hacen posible, de hecho, singulares modos de entender la propia autonomía desde la peculiaridad de cada Comunidad Autónoma, sus deseos reales, su historia y sus tradiciones. Esa voluntariedad, dentro del orden constitucional, no ha de contravenir, empero, el principio de igualdad ante la Ley, que, más que un principio jurídico, es en sí mismo una conquista de la civilización.

Ningún interés sectario puede hacernos perder el norte de las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional cuando habla del apoyo y mutua lealtad debidos entre el Estado y las Comunidades, del deber de lealtad constitucional o de la fidelidad a la Constitución, conceptos estos que en absoluto nos son ajenos en una Comunidad Autónoma como la castellana y leonesa, en la que hoy, como en nuestro devenir histórico, hacemos gala, precisamente, de su máximo respeto y acatamiento. De ahí que entienda como perfectamente compatibles los sentimientos de defensa autonómica y de lealtad constitucional.

Creo hacerme eco del sentir de toda la Cámara al asegurar que se deben superar problemas semánticos o terminológicos contenidos en el propio ordenamiento constitucional, para, desde esa solidaridad tantas veces proclamada, entender que el futuro de Castilla y León es igualmente el futuro de una España integrada de pleno derecho en una realidad europea cada día más fuerte y consolidada.

Inmersos ya en una nueva centuria, con una nueva moneda que nos indica claramente cuál es el camino a seguir, es claro que ha pasado el tiempo de las exclusiones o de mirar hacia el pasado con neologismos o invocaciones retóricas que defienden aquello que resulta constitucionalmente indefendible.

Los proyectos personales deben dejar paso a proyectos comunes, poniendo los ojos no tanto hacia dentro como hacia fuera: la revitalización de la dimensión transeuropea española y el espacio del mundo hispánico han de hacernos pensar en un verdadero sentido castellano y leonés dentro del concierto plural de las regiones y en un ambiente social y político de tolerancia y respeto.

Termino ya, Señorías, recordando que ha sido una constante en mis intervenciones públicas hacer un llamamiento a la necesidad de que las decisiones importantes se adopten con el mayor acuerdo posible, para así mantener la bandera del diálogo y del consenso; dos elementos que me parecen indispensables en la vida parlamentaria para conseguir un desarrollo político y social acorde con las verdaderas necesidades y los auténticos deseos del pueblo al que representamos.

Cuando en el leonés Convento de San Marcos celebramos el IX Aniversario, ocasión en la que por primera vez tuve el honor de representar a las Cortes en un acto similar a este, señalaba que la Autonomía no es algo estático, sino un proceso que desde la legitimidad de los diferentes Grupos Políticos requiere el esfuerzo común de todos.

Tres lustros han pasado, y creo que, efectivamente, hemos cumplido el compromiso de hacer del régimen autonómico un instrumento de superación del atraso y abandono a los que había sido sometida desde antiguo Castilla y León.

Veinte años, Señorías, es una etapa corta en la secular historia de Castilla y León; pero lo cierto es que han dado mucho de sí y que nuestra Comunidad Autónoma no es ya aquella balbuciente unión de destino de los viejos Reinos de Castilla y de León. De ahí que en estos momentos, al igual que hice cuando tomé posesión como Procurador en el lejano mil novecientos ochenta y tres, y a punto de mi despedida, reitere el compromiso de lealtad constitucional y acatamiento a un Estatuto de Autonomía que se ha mostrado eficaz y provechoso, y que ahora, como entonces en Tordesillas, nos sigue exigiendo un esfuerzo para con el pueblo al que representamos; un pueblo que, históricamente, ha sabido impregnarse del ser y el sentir de una tierra solidaria y abierta. Muchas gracias. (Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas veinticinco minutos).